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Muy frecuentemente cuando se habla de la necesidad de garantizar el acceso público a las costas de ríos y lagos, se objeta esta posición con un argumento que establece un estado hipotético de cosas, en el cual la depredación y el daño ambiental reinarán.
Todos hemos oído, desde hace años, la idea de que “...No podemos abrir accesos que no podamos controlar”, y seguido a esto, otras que aseguran que las truchas serán las primeras perjudicadas si esta situación se diera.
A no ser que creamos que toda la prédica realizada a favor de la “captura y devolución”o de la conservación del medio ha caído en saco roto, más bien deberíamos estar convencidos de que
no es inevitable asociar el acceso público con la devastación de los pesqueros.
Por otra parte, esa lógica suicida a la que nos referíamos más arriba, tiende a esconder la esencia de la discusión. En pocas palabras, que no se está hablando de los derechos de las truchas, sino de los de los pescadores como ciudadanos de un país en el cual los ríos y lagos son de dominio público.
Pero además de esto, la lógica suicida oculta otra falacia cuando pretende, aún de buena fe, la defensa del “recurso”:
No existe la posibilidad de defender de esta manera ese recurso, sencillamente porque no es un “recurso” aquello a lo que no se puede acceder.
O visto desde otro ángulo, se trata en el mejor de los casos y debido a falencias administrativas o legales, de un “recurso público apropiado” por parte de un privado que lo usufructúa en su beneficio.
Aprovechemos, por qué no, también para sacar del medio de la discusión, la idea de que la presencia de truchas se debe al esfuerzo de los privados, que son quienes las han sembrado y/o manejado, y que el Estado estuvo ausente en esta actividad. Esta posición, sostenida incluso por letrados en algunos paneles de debate, olvida que la siembra y manejo de los peces se realiza en un espacio de dominio público, y que por lo tanto nadie podrá reclamar el uso exclusivo de lo que deposita en ese tipo de espacio. Otro sería el caso, si las siembras y cuidados de las truchas se hubieran efectuado en propiedad privada. Pensemos porqué no se sembraron en piletones o estanques dentro de los terrenos de una estancia fueguina.
Sencillamente, porque lo indispensable para la actividad no son las truchas, sino el río que las cobija, que es público. Esto encierra otra idea que nos parece importante reiterar: El recurso en cuestión aquí, no son los peces, sino el espejo de agua que los contiene. Es el acceso al río o lago lo que debemos reivindicar y es por la exclusividad en acceder a ese río que las explotaciones particulares dedicadas a los servicios de pesca deportiva, obtienen sus magníficas rentabilidades.
Dado el carácter público del recurso, creemos inevitable recurrir a la figura del Estado, para garantizar la vigencia del derecho que tenemos sobre su uso para el esparcimiento. Aún si fuera necesario, deberemos presionar cívicamente para que se dicten las reformas al Código Civil que sean necesarias, y tan importante como eso, que se reglamenten las leyes nacionales y provinciales que se promulguen para el caso.
No parece coherente con esta situación, asumir como propias(por parte de las asociaciones de pescadores) funciones de control sobre las actividades que se desplieguen en tal espacio público, máxime cuando muchas de ellas (y esto tendremos que aceptarlo alguna vez) no estarán vinculadas a la pesca deportiva. Es también función del estado ejercer ese control, y habrá forma de obtener fondos públicos para hacerlo efectivo. Se podrán obtener de lo que los ciudadanos pescadores depositen en concepto de tasas como el “permiso de pesca” o de cánones que se cobren a las explotaciones que continúen usufructuando el recurso público. Habrá que pensarlo y discutirlo.
No es tiempo de arreglos ocasionales, para que “nos permitan” pasar aquí o allá, que inevitablemente caducarán cuando aparezcan opciones de mayor rentabilidad al propietario. Es en definitiva, un ejercicio de ciudadanía el que tendremos que emprender.
En ese ejercicio, las asociaciones de pescadores tendrán muchas tareas que llevar adelante. La más importante y unificadora de las demás es, sin dudas, representar genuinamente el interés de los pescadores.
Pero se agregan, a modo de sugerencias, las que siguen:
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Diagnosticar con la mayor precisión posible, el estado actual de la cuestión de las limitaciones al acceso a los ríos y lagos de la Patagonia, por ser la región más candente en el momento, pero sin descuidar lo que sucede en el resto del territorio. Esto incluiría, el estudio en términos jurídicos del problema y, de ser posible, el establecimiento de “casos testigo” que permitan elaborar soluciones concretas para problemas particulares, así como la reunión de la mayor información disponible sobre las propiedades privadas linderas a ríos y lagos en las que se restrinja el acceso público por rivera, etc.
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Fundamentar la implementación de las normas que dispongan sobre los espacios públicos destinados a las actividades de esparcimiento, entre las que se cuenta la pesca, por supuesto. Al respecto, se puede considerar la elaboración de argumentos que promuevan la puesta en vigencia de sirgas de navegación, administrativas o destinadas a actividades de esparcimiento, servidumbres de paso, etc. Puede incluirse también la fundamentación económica de la actividad, teniendo en cuenta que la mayor disponibilidad en el uso de estos espacios tenderán a generar mayores ingresos fiscales y mayor distribución de lo generado, si se las compara con los cálculos de beneficios focalizados en la actividad de las empresas que concentran el turismo extranjero.
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Exigir la implementación de esas normas, su reglamentación y puesta en vigencia y la participación de los organismos vinculados al problema como la APN, Municipios o Gobiernos Provinciales. Por supuesto, también proponemos la exigencia al Estado, en cualquiera de los niveles en que corresponda, del cumplimiento de las tareas de fiscalización y control de las actividades que se realicen en los espacios habilitados.
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Realizar la autocrítica que corresponda en cada caso, en lo que respecta a la más general de las tareas, la representación
de los intereses de los pescadores. Y vinculado a esto, llevar a cabo una revisión crítica de lo que las asociaciones hemos hecho hasta el momento, ya sea por acción u omisión.
Es bastante claro que muchas, sino todas, de las tareas aquí propuestas requerirán de un trabajo conjunto y coordinado con el resto de las asociaciones representativas de nuestro país. Ojalá los mosqueros estemos a la altura que las circunstancias exigen.
Sólo resta aclarar, que lo que aquí se presenta no tiene el fin de poner un marco final al problema que nos ocupa, sino que se propone como un primer documento de trabajo de nuestra parte.
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